El secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, anticipó estos días pasados que el Consejo Económico y Social trabaja en “un pacto para el buen uso de las redes sociales”, para que se deje de “intoxicar la democracia”. “Vamos a profundizar los lineamientos centrales del uso de las redes sociales para el bien común”, aseguró Beliz.

Estos dichos generaron la reacción de todos los sectores, porque entienden que el gobierno de Alberto Fernández intenta controlar las opiniones de la población atentando contra la libertad de expresión en el país.

La doctrina en sentido lato sostiene -en principio- que esto (así dicho) es propio de los estados gendarmes, totalitarios que buscan controlar y restringir la libertad de expresión bajo el maquillaje del control del humor social.

Además que -coyunturalmente en nuestro país- preocupa la avidez por el control, como una sensación existente de que el gobierno necesita ordenar la población para que vaya en una sola dirección dejando entrever que este espíritu del control para el manejo es peligroso para la democracia.

Redes para el bien común es el programa del Consejo Económico y Social que nace a partir de la adhesión de la República Argentina al Pacto por la Información y la Democracia, en junio del año 2021.

No significa ni un intento de regular las redes sociales, ni un intento de vulnerar la libertad de expresión, ni mucho menos avasallar ningún derecho constitucional. Pretender cualquier otra interpretación es algo que puede verse alejado a la verdad de lo que realmente (tal vez) se esté realizando con seriedad y profesionalismo.

El trabajo en el CES –que es realizado con asesoramiento de CIPPEC y liderado por Marita Carballo, miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas-, tiene por objeto abordar los múltiples desafíos del ejercicio de la ciudadanía en tiempos de internet y aportar a la construcción de un ecosistema digital más plural y respetuoso que potencie la calidad del debate público y respete la libertad de expresión. 

Ahora veamos, el programa trabaja sobre cuatro pilares fundamentales:

• El conocimiento profundo del escenario digital actual.

• Construcción de consensos amplios sobre buenas prácticas en internet.

• El establecimiento de acuerdos y compromisos entre sectores múltiples.

• Asesoramiento de especialistas nacionales e internacionales.

Pues bien, es dable decir, que el Consejo Económico y Social podría ser el ámbito adecuado para propiciar mecanismos para el debate informado y plural que incluya la participación multisectorial. 

Razón por la que todo este proceso de seguro incluirá instancias de diálogo abierto, interacción con actores plurales apelando al involucramiento de la ciudadanía en general con interés en la temática. 

El diálogo supone buena fe y espíritu constructivo. La pregunta es: ¿Son estos presupuestos naturales de estos tiempos?

Cierto es, llevando implícita mi opinión, que esta clase de declaraciones preocupan porque parecen apuntar a regular las opiniones en redes sociales, y ahí es donde el terreno se vuelve fangoso, toda vez que este tipo de iniciativas implican un riesgo -aparente para algunos y claro para otros- para la libertad de expresión y la pluralidad de ideas.

Puede observarse con preocupación, dado su potencial efecto sobre la libertad de expresión, ya que el anuncio contarían con la participación de organismos estatales, orientados a monitorear e incidir en el uso de las redes sociales, aunque también es cierto que se tratan de sugerencias de uso o de autorregulación, pero debe ponderarse cualquier efecto inhibitorio del debate público y la participación ciudadana.

Concluyendo, se desconoce los detalles, y es prudencial tener más información dado que no hay ningún proyecto de ley, ni un documento que respalde que lo explicado por Beliz involucre una regulación de las redes sociales.