La justicia federal del Chaco consideró que la Masacre de Napalpí constituye “un crimen de lesa humanidad cometido en el marco del genocidio de los pueblos indígenas”. Este veredicto, sin dudas, formará parte de una sentencia histórica.

El veredicto de la justicia federal del Chaco en el caso conocido como la “masacre de Napalpí”, declaró delito contra la humanidad el terrible crimen cometido el 19 de julio de 1924.

Después de casi un siglo, la justicia federal dio por probado que unas mil personas estaban reclamando por su situación de servidumbre, cuando se abrió fuego sobre ellas por parte de unos cien policías del territorio nacional, gendarmes y algunos civiles, apoyados por un avión con ametralladora, dando muerte indiscriminadamente a cuatrocientas o quinientas de las personas allí reunidas, con clara alevosía, puesto que estaban desarmadas y se las mató sin previo aviso, y con ensañamiento, puesto que al parecer algunas fueron rematadas, se separaron sus cabezas como trofeos y se persiguió a los sobrevivientes (art. 80 inc. 2º del código penal, que estaba vigente desde dos años antes).

El veredicto dice que se trató de “un crimen de lesa humanidad cometido en el marco del genocidio de los pueblos indígenas”. Es la primera vez que nuestra justicia reconoce abiertamente el genocidio de nuestras comunidades originarias. 

Algún “pseudoliberal” lanzará la insensatez de que pretendemos condenar a Pizarro, a Cortés o al propio Nerón. 

Les adelanto que a pesar de verse descabellado por pretender condenar un hecho  de hace casi 100 años, como si fuese posible condenar a Pizarro o a Neron, Es obvio que no se trata de eso, sino de hechos que ocurrieron en vigencia de nuestra Constitución y de nuestro código penal, y que son imprescriptibles conforme al derecho internacional consuetudinario reafirmado ahora por tratados. Nuestro Pueblo y los descendientes de las víctimas tienen el pleno derecho de conocer la verdad, aunque no quede con vida ninguno de sus perpetradores materiales.

Por otra parte, queda claro que este crimen no fue un hecho aislado, sino que formó parte de un plan sistemático de genocidio de poblaciones originarias, que no sólo se cometió en la Argentina, sino que fue emprendido por el neocolonialismo en toda América (incluyendo Canadá y Estados Unidos) y en Oceanía, siempre para ocupar sus tierras ancestrales a los “salvajes”.

Además, debemos agregar, que es muy difícil que una masacre de esas proporciones haya sido decidida por las autoridades de una gobernación que dependían del Ministerio del Interior de la Nación, pues el Chaco no era provincia y, además, en un hecho de esta naturaleza no se encubre a los perpetradores ni se lo oculta para garantizar la impunidad, sin la decisión de una autoridad de mayor jerarquía que el gobernador de un territorio federal.

Por eso, no es para nada descaminado preguntarse quién era el Ministro del Interior al tiempo del hecho y echar una mirada sobre su biografía y antecedentes: se trataba de Vicente C. Gallo, que en 1920 participó en la fundación de la “Liga Patriótica Argentina”, entidad de extrema derecha prefacista.

Pero quizá esto fuese una cuestión ideológica de importancia menor, pues lo más significativo es que Gallo pertenecía a la oligarquía azucarera tucumana y poseía 190.000 hectáreas, presidió en Centro Azucarero Argentino, formó parte de directorios de bancos, de los ferrocarriles ingleses y fue abogado de la famosa concesionaria de electricidad CHADE (la del escándalo de corrupción de los 100.000 pesos a cada concejal), habiendo llegado al ministerio por renuncia de Matienzo en noviembre de 1923, quien no se ponía de acuerdo con el interventor en Tucumán con motivo de la huelga de obreros del ingenio Hileret.

Desde su cargo intentó derogar por todos los medios las leyes laborales tucumanas que establecían la jornada laboral de once horas, el descanso dominical y la prohibición de trabajo en los ingenios de niños de menos de catorce años.

Gallo formó parte del radicalismo “antipersonalista” y permaneció en el Ministerio del Interior hasta 1926,  ya que renunció cuando Alvear rechazó su proyecto de intervenir la Provincia de Buenos Aires para evitar el triunfo de Yrigoyen. 

Después del golpe de 1930 se sumó al contubernio para desconocer el triunfo radical de abril del 31 en la Provincia de Buenos Aires, proscribió al radicalismo y llevó al gobierno a Agustín P. Justo, siendo un activo promotor de la década infame, ocupando desde 1934 el rectorado de la Universidad de Buenos Aires, cargo que desempeñó hasta 1941.

No se trata ahora de responsabilizar y condenar a un muerto, pero estos datos refuerzan la sospecha de que el crimen de lesa humanidad ahora condenado no fue del todo resuelto en el Chaco. 

Se intuye también que es posible que desde Buenos Aires haya llegado la orden de reprimir, sin especificar detalles tal vez. 

Estamos ante una teoría del caso que hoy no se puede comprobar, pero incluso en la menos grave, no deja de generar cierto indicio de un altísimo grado de responsabilidad de la autoridad nacional.

Para aquellas republicas oligarquicas (tanto nuestra como el resto de America), los indios no eran “demasiado” humanos y, en nombre del “progreso” debían ser exterminados o “asimilados”, para dejar bien configurados países “blancos”, sin indios ni negros. Napalí fue uno de esos episodios y hoy es la justicia federal la que lo recupera del olvido, lo trae a la memoria colectiva y lo enmarca en un plan sistemático de exterminio de nuestra -aquella- oligarquía. 

¿Aquella?